DELINCUENCIA, PANDEMIA Y CRIMEN ORGANIZADO – #120

Minutas Republicanas

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DELINCUENCIA, PANDEMIA Y CRIMEN ORGANIZADO

La delincuencia y la inseguridad ha sido y es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Durante los últimos 25 años, este problema ha liderado las encuestas, colocándose por sobre salud, educación y pensiones, la mayor parte de las veces. Se trata de una tarea compleja, puesto que la delincuencia posee múltiples causas y son muchos los actores que tienen algún rol que jugar en reducirla.

Durante la pandemia hemos observado una considerable disminución de los delitos de mayor connotación social, producto de las fuertes restricciones a las libertades que hemos padecido durante las cuarentenas. Se trata de una tendencia mundial que no puede ser atribuida al éxito de una determinada política pública.

Sin embargo, las balaceras en lugares de alta concurrencia de público nos muestran que la delincuencia está evolucionando para mal: el crimen organizado se está extendiendo en Chile de forma vertiginosa y es necesario hacernos cargo de esta situación.

En la presente Minuta Republicana, abordaremos el problema de la delincuencia como un fenómeno real y una preocupación legítima de los chilenos, analizaremos sus estadísticas más relevantes y estudiaremos algunas de las medidas más efectivas en el combate contra la delincuencia. A su vez, hablaremos brevemente sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca hacer frente a este nuevo fenómeno delictivo.

La delincuencia en pandemia

Dado que la pandemia ha paralizado de forma brutal la actividad económica de las personas honradas y decentes, esto también ha tenido repercusión en aquellos que, abusando de su libertad, se apropian indebidamente de lo ganado por otros. De acuerdo con las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el tercer trimestre de 2020, la tasa de casos policiales, denuncias y detenciones por delitos de mayor connotación social disminuyeron a casi la mitad en comparación con las estadísticas del tercer trimestre de 2019:

Similares cifras indica el Informe de Paz Ciudadana de 2020, el cual, ante la pregunta “¿Usted o alguna otra persona de los que viven con usted ha sido víctima de un robo o intento de robo?” —de este modo se mide la tasa de victimización— En 2020 un 27,4% contestó que sí, mientras que en 2019 esta cifra había llegado al 40,6%.

Dicha disminución se observa con mayor fuerza en Santiago que en regiones, así como también se observa una mayor disminución en los niveles socioeconómicos altos, en comparación con los medios y bajos:

Aunque siempre será una buena noticia que disminuya la delincuencia no podemos interpretar este fenómeno sin considerar el alcance global que este tiene. De acuerdo con la oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, la pandemia afectó todos los aspectos de la vida y el crimen no fue una excepción. Sin embargo, desde la Global Initiative Against Transational Organized Crime, advierten sobre la capacidad adaptativa de la criminalidad, estimando que la pandemia y la pérdida de libertades provocará un cambio del crimen organizado en el largo plazo y que podrían aprovechar esta situación ampliando sus oportunidades. Ben Stickle y Marcus Felson en su artículo “Crime Rates in a Pandemic: The Largest Criminological Experiment in History”, publicado el año pasado en el American Journal of Criminal Justice, explican este fenómeno de la siguiente manera:

Como tal, argumentamos que el aspecto más destacado de la fuerte caída en las tasas de criminalidad durante la pandemia de COVID-19 son las órdenes legales de quedarse en casa (es decir, encierro, refugio en el lugar) implementadas para frenar la propagación del virus promoviendo el distanciamiento social. Las órdenes de quedarse en casa fueron emitidas por la mayoría de los estados y la residencia requería legalmente permanecer dentro de sus hogares excepto para actividades autorizadas. Por lo general, estas actividades incluían la búsqueda de atención médica, la compra de alimentos y otros suministros necesarios, la banca y actividades similares. Las órdenes cerraron por completo o de facto cerraron amplias franjas de la economía y afectaron escuelas, reuniones sociales privadas, actividades religiosas, viajes y más. En resumen, estas órdenes interrumpieron las actividades diarias de poblaciones enteras y fue la única variable que cambió abruptamente, pocos días antes de una caída de dos dígitos en la delincuencia en todo el mundo. Como tal, creemos, el conjunto de perspectivas de Criminología Ambiental que incluye; Elección racional (Clarke & Felson, 1993) y Routine Activity (Cohen & Felson, 1979) emergerán como pioneros en la comprensión de los cambios delictivos durante COVID-19 y proporcionarán información sobre cómo influir en el delito en el futuro.

Ben Stickle y Marcus Felson en su artículo “Crime Rates in a Pandemic: The Largest Criminological Experiment in History”, p. 528.

Crimen organizado y Chile

Tal como lo señalamos en nuestra Minuta Republicana anterior (N° 119: Narcotráfico y drogas), la cultura del narco ha crecido en Chile en buena medida por el debilitamiento general del Estado de Derecho en nuestro país. Esta conclusión se extiende a todo el resto del crimen organizado que ve en la debilidad del Gobierno y en los obstáculos que tienen las policías para combatir el crimen una oportunidad para ampliar su poder.

Como bien señalan desde Libertad y Desarrollo: «Actualmente, en Chile y el mundo existen diversos delitos que están asociados a grupos organizados, la mayoría de ellos transnacionales. Si bien el más común y conocido en América Latina es el narcotráfico y la violencia que éste trae asociada, hay otros emergentes que se han instalado en el último tiempo en el país, tales como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y el lavado de activos, ente otros». Para estos efectos, plantean desde dicho centro de estudios que debemos tener una Política Nacional para combatir este flagelo a través de los siguientes nueve puntos:

1. Diagnóstico: contar con estadísticas actualizadas y la visión de diversos actores para analizar la situación real del fenómeno y obtener una mirada integral de lo que se debe abarcar. Sin embargo, esto no debe retrasar el diseño ni la implementación de la política cuando ya se sabe que la amenaza es real.

2. Delitos priorizados: evaluar los delitos a incluir en la política sobre la base de la evidencia. Si bien el narcotráfico es el más conocido -y la violencia que éste trae asociada- es fundamental incluir otros que, aunque emergentes, pueden significar un deterioro importante de la seguridad e institucionalidad. Entre estos delitos se encuentran el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el lavado de activos y el contrabando. Adicionalmente, se requiere revisar el origen de estos delitos para poder prevenirlos antes que se conviertan en flagelos inabarcables. En el caso del narcotráfico, una mirada a la desviación de precursores químicos -sustancias legales que se utilizan para fabricar o abultar drogas, presentes en grandes cantidades en nuestro país- pueden ayudar a entender el negocio y combatirlo más eficazmente.

3. Foco territorial: las diversas realidades en las diferentes zonas del país hacen que los delitos tengan características específicas que deben abordarse con estrategias diferenciadas. Así como en el norte la permeabilidad de la frontera permite la presencia de delitos transnacionales como el narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, contrabando o trata de personas, en el sur los principales delitos asociados a grupos organizados son los relacionados a la violencia y la delincuencia rural. Por su parte, la zona centro concentra los delitos más violentos, los cuales no sólo tienen mayor connotación pública, sino que producen un mayor temor en la población. La política debe poder focalizarse de acuerdo a las características particulares de las zonas y de los delitos específicos en cada una de éstas.

4. Modelo de trabajo: se debe definir una metodología sobre la cual implementar las acciones propuestas en la política, la que debe incluir necesariamente objetivos claros y evaluables a los que se pueda realizar un seguimiento constante y verificar su cumplimento. Estas acciones deben estar enfocadas en la prevención, control y persecución del crimen organizado, permitiendo impactar en sus redes de distribución y logística en las que operan las organizaciones criminales, sus integrantes, y su patrimonio.

5. Experiencia comparada: para todo proceso de construcción de política pública -más aún de política nacional- es necesario revisar qué se ha hecho en otros lugares del mundo y qué ha funcionado y qué no. Si bien no necesariamente una política que ha sido exitosa en un lugar específico lo será en otro, sí es importante mirar otras experiencias para aprender de ellas. En este sentido, se podría mirar los ejemplos de Estados Unidos en su batalla contra la violencia de pandillas; la experiencia europea de creación de un centro multilateral para el cuidado de sus fronteras; el modelo argentino de centro de fusión de información multiagencial o la instancia franco -española de integración policial, todas experiencias exitosas que en la actualidad abordan el crimen organizado transnacional.

6. Articulación interinstitucional: la delincuencia organizada es un fenómeno complejo que se debe abordar desde diversos sectores dentro del Estado. Actualmente existen servicios en varios ministerios que aportan para su prevención, control y persecución. Así, se debe potenciar y fortalecer la coordinación entre estas instituciones, que incluyen a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Nacional de Aduanas, Dirección General de Movilización Nacional, Unidad de Análisis Financiero, entre otras. En este contexto, habrá que evaluar la pertinencia de crear una institucionalidad que reúna estas instituciones para hacer más eficiente el combate contra el crimen organizado.

7. Actores diversos: un tema tan complejo y multifactorial como el delito, tanto en su origen, como en su manera de prevenirlo o controlarlo, a la hora de construir una política es clave contar con la participación de actores de sectores diversos y transversales. Además del sector público se debe incluir al sector privado, tanto desde el mundo empresarial, como de la sociedad civil; y la comunidad internacional, desde otros estados, agencias internacionales de cooperación (como UNODC, la DEA, EUROPOL, entre otras), instituciones pares para abordar temas de manera conjunta, entre otros.

8. Recursos focalizados: si bien existen recursos en diversas instituciones y muchos de ellos con destinos similares o complementarios a la lucha contra la delincuencia organizada, es indispensable contar con recursos particulares para este fin, especificados anualmente en la Ley de Presupuestos. Sin embargo, para que esos recursos cumplan con su objetivo, es fundamental desarrollar previamente planes de inversión plurianuales conjuntos entre las diversas instituciones, de manera que todas sepan con qué cuentan, cuáles son los objetivos y cuáles son las brechas financieras para alcanzarlos.

9. El crimen organizado muta con más velocidad que la capacidad del Estado de adecuarse a las nuevas estrategias para derrotarla. Así, la política, si bien debe buscar ser un acuerdo transversal con miras a largo plazo, requiere también de la flexibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos y la profesionalización de quienes se dedican a este negocio ilícito.

Libertad y Desarrollo. Combate al crimen organizado: la necesidad de una política nacional

La delincuencia como una preocupación legítima de la ciudadanía

 

Más allá de lo que las encuestas nos puedan decir, la delincuencia y la seguridad son preocupaciones legítimas de la ciudadanía. Es más, en una sociedad libre, siempre es deseable que los ciudadanos exijan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales ante el Estado que tiene el monopolio de la fuerza. «Si la fuerza pudiese ser ejercida libremente por cualquier grupo dentro de una sociedad, el riesgo de inestabilidad y de abusos de los fuertes sobre los débiles se multiplicaría, haciendo muy improbable una convivencia pacífica, previsible y plena sin la cual el ser humano no puede desarrollar todo su potencial». Como republicanos, debemos atender a esta legítima preocupación, dado que, en virtud de nuestros Principios Republicanos, somos un movimiento que rechaza la violencia:

Somos un movimiento que Rechaza la Violencia y particularmente, la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico que amenazan gravemente el futuro de la sociedad chilena. Creemos que la mayor amenaza para la democracia y la convivencia pacífica entre los chilenos, radica en la incontrolable expansión del narcotráfico, la penetración y el control que él ejerce hoy sobre la delincuencia común que adopta aceleradamente las peores prácticas criminales, delitos siempre asociados al gigantesco lavado de dinero que este mundo delictual produce, todo lo cual se ve agravado por sus conexiones y redes con el terrorismo ideológico de movimientos que creen en la agitación social y en la violencia, como un medio legítimo para alcanzar el poder, y sustituir el sistema democrático, que ellos mismos repudian. Creemos que, como eje transversal de todos los chilenos, resulta necesario un acuerdo nacional para combatir estos flagelos con toda la fuerza y que se anticipe a la continuación expansión de estos males por el país.

Acción Republicana. Principios Republicanos

Para atender a la demanda ciudadana por más seguridad y justicia, es necesario llamar al delito por su nombre: como el acto de un sujeto que tiene una responsabilidad individual y que constituye un grave atentado en contra de la convivencia social. Es decir, la delincuencia no deriva de una determinación social de la cual terminamos siendo todos responsable, esta hipótesis niega la igualdad moral de todas las personas, por lo tanto, «debemos rechazar la idea de que en Chile “se castiga con pena de cárcel la pobreza”. Esta afirmación puede parecer muy profunda y llena de caridad con los más necesitados, pero es una grave expresión de determinismo y clasismo. La gran mayoría de los chilenos son gente honrada sin importar la condición social que tengan».

Si de humanidad y empatía se trata, debemos pensar en los millones de víctimas de la delincuencia que tenemos en nuestro país, las cuales no cuentan con ninguna red de apoyo en el proceso penal en comparación con los delincuentes. Los chilenos que han sufrido en carne propia el flagelo de la delincuencia han sido vulnerados en la paz que con sus actos honrados habían construido legítimamente. Exigir justicia por medio del castigo que promete el Código Penal no debería parecerle a nadie una extravagancia o populismo penal, es una legítima exigencia de aquellos que hacen posible con su trabajo y pago de impuestos la existencia de la paz social en Chile. Como bien señala el abogado Fernando Barros, es necesario que los expertos en delincuencia tengan presente esta legítima reivindicación:

Apreciamos el progreso de la ciencia jurídica en pro del imperio del Derecho, y precisamente por ello y para que las personas confíen en la protección de las instituciones y no recurran a tomar la justicia en sus manos, se deben recoger, también en esta materia, las inquietudes ciudadanas respecto de la inseguridad que vivimos y no aparecer amparando más al delincuente que a la gran mayoría de la sociedad, que hoy aparece como la víctima inocente de la delincuencia violenta que nos afecta.

Barros, Fernando. Delincuencia e impunidad

Conclusión:

Como republicanos, debemos tener especial atención por la preocupación ciudadana de la delincuencia porque es esencial mantener la confianza que los ciudadanos deben tener en el imperio de la ley para conservar la paz en la sociedad. Sabemos que la delincuencia es un fenómeno complejo, pero esto no debería relativizar en modo alguno la condena que una sociedad libre debe realizar a los actos que quebrantan la causa de nuestra convivencia pacífica: la ley. A modo de conclusión, queremos recordar que el fenómeno de la delincuencia no puede entenderse correctamente sin vincularlo con otros términos fundamentales para la sociedad:

Delincuencia e imperio de la ley. Debemos tener presente que la delincuencia es un fenómeno evolutivo y los criminales más peligrosos empezaron con delitos menores. En esta idea se basó Rudolph W. Giuliani para combatir el crimen en la ciudad de Nueva York y transformar en materias de seguridad a una de las ciudades más importantes del mundo. La clave del trabajo de Giuliani estuvo en perseguir y prevenir delitos menores o incivilidades como el rayado de calles o no pagar el metro; multiplicar la presencia de policías en las calles y restablecer el vínculo con la comunidad. Disminuyendo los delitos menores, disminuyen los delitos más graves.

Parece ser una fórmula simple. Sin embargo, para su aplicación debemos recuperar el valor de la autoridad y el valor del imperio de la ley. En Chile, buena parte de la clase política suele confundir la libertad de expresión con el vandalismo y no mira con buenos ojos la presencia de la policía. Es imposible un serio combate contra la delincuencia si menospreciamos las pequeñas infracciones a la ley y no confiamos en quienes tienen el encargo de proteger la paz por medio de la fuerza.

Delincuencia y cárceles. Tampoco podemos pensar en una mejora de la seguridad ciudadana si no somos capaces de reinsertar en la sociedad a aquellos que cometieron delitos. No podemos exigir un combate efectivo contra la delincuencia si no nos hacemos cargo del problema penitenciario en nuestro país: una de las mayores vergüenzas de nuestro país. Tal como lo señalamos en una Minuta Republicana anterior:

La pena privativa de libertad es una herramienta esencial para la preservación de la paz y del orden social que hace posible que las personas se desarrollen plenamente y en libertad. Pero también es una oportunidad para quien actuó en contra de la sociedad por medio de un crimen o un simple delito: le permite ver que existe un orden jurídico superior a los fines mezquinos por los que llega a través de la fuerza y le permite revalorar su libertad ambulatoria —ahora limitada— que desperdició por medio de actos injustos.

Todo esto suena muy bien en la teoría, pero ni la idea más cierta y sublime aguanta el hacinamiento, las violaciones, las riñas, la nula higiene que las cárceles en Chile ofrecen para proteger el orden social. Por esto, una defensa firme del respeto a las leyes debe ir de la mano con una reforma radical del sistema penitenciario chileno. Una persona no pierde su dignidad al ser condenado y la sociedad no es más justa mientras más penurias pase un criminal. La justicia está por sobre la venganza y lo ideal es que quien atentó contra la libertad de los demás, aprenda a no hacerlo más en su paso por la cárcel

Acción Republicana. Cárceles en Chile.

Formación Republicana

Todo republicano tiene el deber de formarse al mayor nivel posible. Si le dedicaras 1 hora de estudio al día a este tema (leyendo una página cada 5 minutos) en 7 días podrías tener una muy buena formación en torno a este tema. Te recomendamos la lectura de los siguientes escritos:

Día 1

Agustín Hochschild. Nueva línea de defensa urbana. La lucha contra la delincuencia en la ciudad de Nueva York

Día 2

Día 3

Libertad y Desarrollo. Combate al crimen organizado: la necesidad de una política nacional

Día 4

Día 5

Paz Ciudadana. Índice Paz Ciudadana: Resultados del año 2020

Día 6

 Acción Republicana. Cárceles en Chile.

Día 7