Lecciones del 2020 – #116

Minutas Republicanas

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Lecciones del 2020

El 2020 fue un año muy especial, a nuestros problemas internos provocados por el estallido insurreccional iniciado el 18 de octubre del año pasado se le sumó la pandemia que nos ha pegado fuerte tanto en la salud, como en la economía.

No ha sido un año fácil, pero debemos ser capaces de sacar lecciones de estos tiempos duros. En esta Minuta Republicana hablaremos sobre las siete principales lecciones que nos dejó este 2020. La próxima semana hablaremos sobre los desafíos que nos esperan en el 2021.

1. La izquierda terminó de mostrar su verdadera cara.

Si el 2019 desde la izquierda demostraron que siguen aceptando la violencia como un método posible para resolver los conflictos políticos, este año nos mostraron que sus prioridades se orientan a la destrucción del modelo económico y no a solucionar las urgencias de nuestro país.

Dado que el Gobierno del presidente Piñera ha cedido en todo lo que la oposición ha demandado, no nos debería sorprender que para muchos políticos de izquierda esta sea la oportunidad para realizar cambios radicales. Por lo visto, el poco carácter de los políticos de Chile Vamos y la nula habilidad para negociar se convirtieron en la principal causa de la intransigencia de la izquierda.

Por esta razón, las tan urgentes reformas al sistema de salud o al sistema de pensiones no tendrán posibilidad de prosperar teniendo en cuenta el escenario político en el que nos encontramos. Para la izquierda, la única forma posible de resolver los problemas de la ciudadanía es partir todo desde cero y ante esta impronta el Gobierno no tiene nada que hacer. Esto entra en directo perjuicio de los ciudadanos, los cuales tampoco tienen la certeza de que esta ola revolucionaria de la izquierda será beneficiosa para ellos.

Con mucha razón, José Antonio Kast denominó a esta izquierda como “la peor oposición de la historia”:

La peor oposición de la historia

Los nostálgicos de la “democracia de los acuerdos”, que buscan emular los supuestos avances que habría materializado Patricio Aylwin durante su mandato, nos recuerdan permanentemente la importancia del diálogo y del consenso para avanzar en los temas importantes del país. Ese espíritu es el que invadió al Presidente Piñera al comienzo de su período, cuando propuso una serie de acuerdos fundamentales en materias de infancia, seguridad, Araucanía, desarrollo integral y salud pública, pero fundamentalmente con el llamado que hizo para trabajar en conjunto con la oposición para enfrentar las urgencias de Chile.

Tres años después, sin embargo, los avances son escasos e insuficientes. Más allá de las mesas de trabajo y de las fotos para la ocasión, la verdad es que la oposición no colaborado en nada con este gobierno y su único aporte (o deporte) ha sido presentar acusaciones constitucionales.

Es el caso del recientemente renunciado ex Ministro Víctor Pérez, quien duró menos de 100 días en su cargo. Víctor Pérez no fue acusado por haber cometido una ilegalidad o haber incumplido un deber: fue acusado por razones políticas, sin argumentos ni fundamentos que lo justificaran. De la misma forma, se acusó a los ex ministros Santelices, Mañalich, Chadwick y Cubillos; con la misma irresponsabilidad se llegó a acusar al Presidente de la República.

Junto con presentar acusaciones, la oposición se ha dedicado a oponerse a todo. No ha querido avanzar en la reforma previsional; no ha permitido avanzar en la agenda de seguridad; y ahora incluso se da el lujo de ponerle obstáculos a la discusión presupuestaria. Al igual como lo hizo Allende hace más de 5 décadas con Eduardo Frei Montalva, la oposición le ha negado la sal y el agua al gobierno de Sebastián Piñera durante todo su período y solo ha buscado, por todas las vías posibles, interrumpir su gobierno y en lo posible impedir que llegue a término.

Frente a todo esto, ¿qué sentido tiene seguir buscando un acuerdo forzado con una oposición que no quiere colaborar en nada? ¿No será mejor desechar la política de los acuerdos y empezar a gobernar con el programa que ganó en 2017? Para llegar a un acuerdo se necesitan dos partes y durante estos últimos tres años en la mesa siempre ha faltado uno. Ello ha llevado al Gobierno a quedar inmovilizado, sin apoyo de la oposición y con la pérdida gradual y constante de su propia base.

Todavía queda un año y medio de gobierno y los desafíos son múltiples y evidentes. No solo hay una serie de elecciones donde las identidades políticas serán puestas a prueba, sino que además se tendrán que seguir destinando esfuerzos a enfrentar la pandemia, reactivar la economía y ponerle fin al terrorismo en la Araucanía.

Ojalá que el gobierno, luego del fracaso de la política de los acuerdos, centre su acción en las medidas ejecutivas que no dependen del Congreso y deje en evidencia, en las derrotas legislativas que les pueda propinar la oposición, en qué se diferencian ambos conglomerados. No podemos llegar a las elecciones sin que los ciudadanos sepan con claridad cuáles son los proyectos y prioridades de cada uno. Mejor es defender con las botas puestas, que vivir de rodillas.

José Antonio Kast, La peor oposición de la historia

2. El Acuerdo del 15 de noviembre no resolvió nada.

Otra cosa que demostró el paso del tiempo fue que el Acuerdo del 15 de noviembre hizo poco y nada por frenar la violencia política, más bien hizo todo lo contrario: le confirmó a la izquierda que la violencia no es solo una herramienta posible, sino que también es una altamente efectiva. A través de los saqueos y la destrucción del mobiliario público lograron en cosa de meses lo que no pudieron hacer en décadas porque nunca han contado con el apoyo en las urnas cuando han propuesto estas medidas radicales de forma democrática.

El Acuerdo del 15 de noviembre no resolvió nada, no le ha entregado gobernabilidad al país y la violencia sigue desatada. Solo ha demostrado la incapacidad del Gobierno en mantener el monopolio de la fuerza para efectos de proteger el orden público tal como se lo exige la Constitución. También ha evidenciado a una izquierda cuya palabra empeñada vale tan poco como su compromiso con la paz social.

Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados convocaron esta semana a todos los partidos políticos a una reunión que tenía como objeto refrendar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre y señalar la necesidad de un proceso pacífico y democrático siguiendo lo establecido en dicho acuerdo. Asistieron al encuentro representantes de los principales partidos políticos del país, excepto el Partido Comunista, el Partido Radical, Revolución Democrática, el Partido Liberal y Comunes. Lo del Partido Comunista no extraña, dado que ni siquiera estuvo dispuesto a estar en el acuerdo de noviembre. La ausencia de los demás, incluyendo al diputado Gabriel Boric, sin embargo, llama la atención pues el evento tenía un carácter simbólico, tanto que se realizó incluso en la misma sala donde se firmó el acuerdo aquella madrugada del 15 de noviembre. No concurrir, por lo tanto, a esta reunión muestra la desafección de los renuentes a asistir a la reunión con este acuerdo que recibió elogios desde todos los sectores.

El proceso constituyente al que ellos adhieren es uno que tiene a la violencia como un ingrediente principal.

¿Por qué parte de los firmantes se negaron a esta convocatoria realizada por sus pares de la centroizquierda? Mi hipótesis, es que el Partido Comunista, que es especialista en pautear a la izquierda, ha ido ganando terreno en su tarea de desconocer el acuerdo, en particular en aquella parte que se refiere a la paz social. Recordemos que el PC, a través de su máxima autoridad Guillemo Tellier, llamó a pocas horas del llamado estallido social a la renuncia del Presidente Piñera. Consignemos también que sus parlamentarios, Hugo Gutiérrez y Karol Cariola los más activos, lo hacen casi diariamente en las redes sociales y que lideraron una acusación constitucional dirigida a remover de su cargo al Presidente Piñera. Y convengamos, por último, que se han negado sistemáticamente a rechazar la violencia que algunos manifestantes, en particular los de la “primera línea”, ejercen sobre sus conciudadanos, privándolos del derecho a circular libremente, atentando contra su integridad física y destruyendo sus bienes y los de la comunidad. El Partido Comunista no estuvo en el acuerdo y sigue actuando en consecuencia, no podríamos pedirle que lo respete.

Pero los demás sí firmaron el acuerdo y con sus conductas de hoy en los hechos parecen desconocerlo. No se acuerdan del acuerdo, o no quieren acordarse. Lo firmaron porque era conveniente políticamente hacerlo en la madrugada del 15 de noviembre, pero no lo respetan, quizás porque han comprendido la esencia de este “estallido social” impulsado por el Partido Comunista: obtener con la violencia y la intimidación lo que no son capaces de obtener en las urnas. El proceso constituyente al que ellos adhieren es uno que tiene a la violencia como un ingrediente principal.

El Frente Amplio y el Partido Radical se suman así a la estrategia insurreccional que ha estado presente en todo este proceso. Incluso el Frente Amplio lidera ahora una posible acusación constitucional contra el Ministro del Interior.

Antes de cumplir la mitad de su período, se ha interrumpido la conducción del país por parte del Presidente democráticamente elegido: Sebastián Piñera. A través de la fuerza, se van logrando los cambios que, en elecciones democráticas, no han podido obtener. Ese es el plan, y quienes lo idearon se están ciñendo a él.

Luis Larraín, No me acuerdo del Acuerdo

3. Chile necesita un nuevo proyecto de derecha.

Las crisis que hoy vivimos se deben en buena parte al fracaso de Chile Vamos y del Gobierno del presidente Piñera, aquí no han fracasado las ideas de la derecha porque el oficialismo nunca estuvo dispuesto a aplicarlas. Como bien señaló Rojo Edwards: «no ha fracasado la derecha» y la efectividad de estas ideas «deberá medirse cuando llegue un gobierno que las aplique».

Si algo ha fracasado en este trance fue el modo acomodaticio de hacer política que caracterizó a los tres partidos de “centro-derecha” que forman Chile Vamos. Los principios que hacen grandes a los países y libres a sus ciudadanos están más vigentes que nunca, máxime en estos tiempos de crisis donde a la vigencia anteriormente señalada se le suma una manifiesta necesidad. Hoy más que nunca necesitamos un proyecto de derecha serio y, por sobre todo, valiente. Respetuoso de su pasado, con vocación de mayoría y con una clara impronta transformadora. Por el bien de la democracia y la libertad, Chile necesita de un proyecto político alternativo al de la izquierda ideológica que sea capaz de convencer e ilusionar. Nuestro compromiso es con nuestra patria y nuestros compatriotas, ya no podemos limitarnos a hacer lo que la izquierda nos quiera permitir.

Esta alternativa de derecha debe ser muy distinta a Chile Vamos y su principal diferencia no está en el plano ideológico: está en el plano ético. urgen líderes de derecha coherentes y valientes. Ante esto, debemos reconocer que la deuda de la derecha con Chile no está en sus intelectuales e instituciones de pensamiento, porque hay muchos y de gran nivel, la deuda de la derecha con Chile es principalmente de actitud.

La derecha se tiene que renovar, Chile necesita un proyecto de derecha honesto. Gracias a nuestro trabajo previo y coherencia, los republicanos tenemos una gran oportunidad de ocupar ese espacio por medio del Partido Republicano, que, como bien dijo Álvaro Pezoa, es un partido de extrema necesidad:

No de extrema derecha, de extrema necesidad. Comprometido con un sueño: desplegar una derecha verdadera que, sin complejos, represente las convicciones del sector. El Partido Republicano tiene su génesis en un grupo de personas que, junto a su líder José Antonio Kast, decidió no presentar postulante a unas primarias cuyo objetivo era ratificar al candidato de los partidos políticos. La idea fue “abrir la cancha” para demostrar que se podían ampliar las fronteras de la derecha hacia aquellos desencantados de la acción política. Para enfrentar a la izquierda se requería un discurso, un programa y un estilo frontal que mostrara claramente las diferencias con ella.

Motejados de divisionistas, hicieron enmudecer a sus detractores para la segunda vuelta, recorriendo Chile, defendiendo los votos, mostrando al país que sus ideas son mayoritarias. Luego no buscaron cargos en el gobierno, solo pidieron al Presidente que honrara su programa. Dieron vida al Movimiento Acción Republicana. A un año de su fundación tiene casi 20 mil adherentes y cientos de voluntarios a lo largo del país formulando un llamado a defender las propias ideas. Han recorrido más de la mitad de las comunas de Chile, realizado una consulta nacional y, enarbolando principios, han movilizado a miles en las calles, físicas y virtuales. Recientemente, crearon el Instituto de Ideas Republicanas. Decenas de profesionales, expertos y académicos se han sumado para aportar con ideas, propuestas y soluciones concretas a los desafíos existentes. Aspiran a ser un aporte real a la discusión de políticas públicas y a fortalecer el eje de la libertad, la justicia social, el emprendimiento y del esfuerzo.

Álvaro Pezoa, Un partido de extrema necesidad

Tal como lo dijimos anteriormente, nuestras ideas no solo tienen plena vigencia, a causa de la crisis económica y social, ahora son totalmente necesarias. Tenemos un deber con Chile de dar nuestro mayor esfuerzo por brindarle al país una alternativa seria de gobernabilidad. Tenemos la gran oportunidad, como magistralmente lo demostró el profesor Gonzalo Rojas, de ser los que mejor responden a la pregunta ¿En qué cree la derecha?

Aunque lo primero es hoy más urgente, lo segundo es siempre más importante. Y como los problemas doctrinarios y prácticos que se han planteado han sido muchos, qué mejor que ir uno por uno.

Partamos por el evidente deterioro del Estado de derecho. ¿Qué cree la derecha? “La Ley se cumple de manera estricta, cabal y oportuna. La autoridad se respeta. Sin seguridad y protección, la persona no puede ejercer el resto de sus derechos fundamentales”. Por eso, “el Poder Judicial debe enmarcar su acción a la aplicación estricta de la ley” y “la seguridad pública, junto con el derecho a la vida y resguardo de la integridad física y psíquica, el respeto a la propiedad y libertad de tránsito y residencia, son garantías mínimas que el Estado debe defender con todas sus fuerzas”.

Sobre los derechos humanos, la derecha sostiene que los atentados en su contra “pueden ser llevados a cabo por el Estado, organismos intermedios y/o personas naturales”, y, para La Araucanía, promueve “una ley de reparación para estas víctimas, junto con una urgente modificación a la Ley Antiterrorista”, a lo que suma que “las FF.AA. y de Orden son las poseedoras exclusivas de las armas en Chile; ningún grupo o asociación política o de otro orden podrá tenerlas (porque) el rol de las FF.AA. también incluye la participación, junto a las Fuerzas de Orden, en el control de otras amenazas internas de acuerdo a la ley”.

Continuemos ahora con los recientes atentados a la autoridad paterna. ¿Cómo enfoca el tema la derecha? “Reconocemos el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, así como la obligación de hacerse cargo de esta”. Y respecto del clima de agresividad, intolerancia y descalificación, la derecha afirma: “Defendemos la libertad de expresión, la tolerancia, la búsqueda de la verdad”, principios que hoy “están seriamente amenazados… vía el silenciamiento de opiniones distintas en la expresión cultural, científica y en la prensa y vía ataques físicos, psicológicos y mediáticos” a quienes no están “alineados con el ‘socialismo identitario iliberal’ que domina la izquierda chilena”.

Y si la corrupción sigue abriéndose paso, ¿qué hacer? “La probidad y transparencia deben pasar a ser primera prioridad para la autoridad política; Chile necesita urgentemente reconstruir las confianzas”, dentro de una cultura entendida como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social”.

Y en ese contexto, ¿toda modernidad es aceptable para la derecha? No. “Rechazamos los intentos de utilización de las materias de Derechos Humanos, género, orientación sexual, inmigración y ambientales como elementos de dominación sobre quienes piensan distinto; rechazamos el intento de enmarcar como propagadores de un ‘discurso de odio’ a quienes sostienen visiones ideológicas diferentes al postmodernista neo-marxista”.

Bueno, y sobre el tema del minuto, sobre pensiones, ¿qué ideas defiende la verdadera derecha? Estas: “El sistema de pensiones debe ser uno de Capitalización Individual sin componentes de Reparto; todo chileno tiene derecho a determinar quién administra sus ahorros; las personas son dueñas de la totalidad de sus ahorros, debiendo ser usados de manera exclusiva para el fin para que fueron recolectados”.

¿Por qué he entrecomillado las respuestas? Simple. Porque no debo citar los principios rectores de Ideas Republicanas, el centro de estudios del Partido Republicano, sin reconocer su autoría.

Gonzalo Rojas, ¿Cree en algo la Derecha?

4. Los invisibles de siempre: la migración y La Araucanía

Dos de los peores legados del Gobierno de la presidenta Bachelet fue su indiferencia ante la violencia política en la Macrozona Sur —La cual visitó una vez, de forma secreta— y su, cuanto menos, negligente actuar en el tema migratorio. Por desgracia para el país, estos flagelos nos siguen afectando, a pesar de que el Gobierno del presidente Piñera estableció el combate de ambos como prioritario al inicio de su mandato.

Como republicanos seguimos de cerca estos problemas del Chile real y lo seguiremos haciendo. Por esto, queremos señalar nuestras ideas sobre lo que debemos hacer, tanto en materia migratoria como en el combate del terrorismo en el sur de nuestro país.

¿Qué hacer en política migratoria?

Los Republicanos no estamos ajenos a los problemas humanitarios que llevan a millones de personas a abandonar sus países. Pero no olvidamos que la principal razón que los lleva a dejar su tierra es el deterioro institucional que sufren sus países y no debemos mantener el respeto por las normas si no queremos dejar de ser un país de entrada de inmigrantes para ser como Venezuela o Haití.

Creemos que es indispensable seguir aplicando la ley chilena con rigor y que toda modificación de nuestras normas migratorias se debe hacer de forma soberana; discutiéndose en el Congreso Nacional y teniendo como principal objetivo el bien común de nuestro país.

Toda cultura de bienvenida a los migrantes siempre debe ir de la mano de una cultura de respeto a la ley y el orden público. Todo extranjero tiene que cumplir las normas que regulan su permanencia en Chile y si quieren instalarse acá, son bienvenidos, pero cumpliendo la ley. La migración debe ser ordenada, sustentable y regulada, en este sentido, compartimos las cuatro razones esgrimidas por Libertad y Desarrollo en defensa de este tipo de migración:

«1) Cómo el flujo de inmigrantes se recibe en el país, tanto desde el punto de vista de condiciones materiales (salud, educación, vivienda y empleo), como de su inserción cultural y convivencia con los ciudadanos nacionales. Se trata entonces de determinar qué tipo de regulación es adecuada para que el flujo migratorio sea absorbido cuantitativamente y así la inmersión de los inmigrantes sea fluida, no provoque rechazo en la población nacional, ni capacidades desbordadas.

2) Que, dado que la inmigración es un fenómeno de carácter dinámico y en evolución, una regulación mal diseñada crea incentivos que pueden alterar los flujos migratorios y generar situaciones como tráfico de migrantes manejados por mafias que terminan atentando gravemente contra sus propios derechos.

3) Que el respeto a los derechos de los inmigrantes y su homologación con los de los nacionales lleva indudablemente a presionar el gasto público y pone un límite al estado de bienestar que un país puede financiar. De acuerdo al informe financiero del proyecto de ley recientemente propuesto por el Ejecutivo, el mayor gasto en beneficios sociales para los migrantes sería del orden de los $ 141 mil millones al año, lo que considera solo el gasto en atención primaria de salud y en educación pública escolar. Esta es justamente una de las razones por las que la inmigración es tan importante hoy en la política interna de muchas naciones. Derechos sociales universales y un enfoque de derechos absolutos a la inmigración son incompatibles, como lo ha demostrado la crisis migratoria que vive Europa.

4) Los inmigrantes traen una serie de beneficios económicos al país. Ellos vienen a trabajar por lo que suelen tener una tasa de participación en la fuerza laboral mayor al promedio. En Chile, al menos hasta 2015 las cifras muestran que son más educados que los nacionales. Según la Encuesta Casen 2015, los extranjeros cuentan con un promedio de años de escolaridad de 12,5 mientras que los nacionales, con 11. Sus cifras de criminalidad son también menores que las de los nacionales, lo que resulta previsible por el riesgo de expulsión del país en el que incurren. Pese a ello, los datos indican que las cortes tienen un criterio pro-inmigrantes en sus fallos. De acuerdo a un informe del Observatorio Judicial, la Corte Suprema en los años 2016 y 2017 falló a favor de los inmigrantes en el 67,2% de los casos, declarando ilegal el respectivo decreto de expulsión».

Acción Republicana, La ceguera de la izquierda ante la migración ilegal

¿Qué hacer en La Araucanía?

Primero, Atrevernos a decir la verdad. Para vencer la corrección política, como toda experiencia totalitaria, debemos ser valientes y atrevernos a decir la verdad sin importar las consecuencias negativas que surjan. La verdad más evidente en este caso, tan evidente que es inaceptable que no sea un consenso de todos los grupos democráticos, es que existe terrorismo en La Araucanía.

Tal como lo dijimos en una Minuta Republicana anterior.3 Si entendemos por terrorismo: «toda actividad violenta organizada por un grupo político que busca producir terror en la población con el fin de destruir el orden político o de conquistar el poder político».4 Podemos decir que todas esas condiciones se aplican a los hechos de violencia que se viven en el sur de Chile: (1°) En La Araucanía hay violencia a diario; (2°) Existen comunidades radicalizadas y grupos políticos como la Coordinadora Arauco Malleco; (3°) El fin próximo de estos grupos es minar las instituciones nacionales instaladas en las zonas y (4°) El fin remoto de muchos  de estos grupos de lograr un nuevo “Estado Mapuche”.

Segundo, Defender a las víctimasEn La Araucanía hay miles de personas que claman por la paz y desde otras zonas del país hacemos oídos sordos. Son compatriotas que no pueden dormir tranquilos, que son escoltados a diario por la policía, que han debido blindar sus casas y reciben a diario amenazas. Estos compatriotas nos necesitan más que nunca y no podemos dejarlos solos por el solo hecho de vivir a cientos o miles de kilómetros de la zona.

Tercero, Desenmascarar a los terroristas. Políticamente, estamos luchando contra un enemigo existente, pero invisible. Conocemos poco de los miembros de la CAM y otras células terroristas. Debemos desenmascarar a esta clase de delincuentes porque el anonimato solo beneficia la impunidad de sus actos y la consolidación de su victimismo.

Solo así podremos separar al noble pueblo mapuche de estos criminales que no hacen otra cosa que manchar el nombre de todos.

Cuarto, Desenmascarar a quienes se benefician con la violencia terrorista. Chile cuenta con los medios para derrotar al terrorismo. Sin embargo, existe un entramado político y cultural que no debería ser desdeñado por el solo hecho de contar con la capacidad de fuego suficiente.

Es cierto que son pocos los violentistas que “agitan el árbol”, pero son muchos otros los que “recogen los frutos” del terrorismo. Estos últimos se pasean por el mundo exacerbando el racismo y el victimismo de la etnia mapuche. Es hora de que estos personajes tengan una actitud más clara frente a la violencia y la rechacen de manera clara sin apelar a relatos del pasado que justifican los crímenes del presente. De lo contrario, sabremos que mantienen una actitud cómplice con los grupos terroristas.

Acción Republicana, No es racismo es terrorismo

5. Coronavirus: La importancia de la familia y la insuficiencia del Estado.

La pandemia ha demostrado la incapacidad del Estado sin una sociedad civil fuerte que sea capaz de financiar los derroches de nuestra clase política. Buena parte del año estuvimos confinados en nuestras casas y nunca los políticos tuvieron mayor control sobre nuestro actuar. Con todo, el manejo de la crisis no ha sido el esperable por las personas con mentalidad estatista porque, simplemente, el Estado no tiene la capacidad para reemplazar a las personas en la creación de bienestar.

Por el contrario, el encierro ha demostrado la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y como lugar irremplazable para el desarrollo de la persona. Por esta razón, aprovechamos esta tribuna para reivindicar la defensa de la familia como institución esencial del país.

¿Por qué debemos defender a la familia?

Las razones que deben motivar a todo ciudadano a proteger y promover la familia provienen tanto de la naturaleza de esta institución como de los beneficios que aporta esta a la sociedad. Razones que permiten concluir que la familia es una institución necesaria para la sociedad libre, la cual, en su existencia y desarrollo, depende de la solidez familiar.

Como hecho antropológico, la familia es una institución necesaria para toda sociedad debido a que en ella se generan y forman sus miembros, «la generación del hombre es ya un hecho social, y es de algún modo la raíz de todos los otros. Hay una sociedad de dos, de la cual se engendra un tercero, y éste depende de aquellos no sólo en su generación, sino en la adquisición o formación progresivas de las capacidades que, a su vez, van perfeccionando en él la índole de sus relaciones con los demás, dándole el sello de lo humano».

Pero, además, como hecho político, la familia es, en sentido estricto, una institución necesaria para toda sociedad, debido a que sus cualidades especiales la hacen la única institución capaz de formar hombres libres, y una sociedad debe estar así compuesta para poder ser apreciada como tal. La familia es la única institución capaz de formar a estos hombres libres, porque es la única que puede «tratar al individuo como individuo, teniendo en cuenta sus necesidades y circunstancias particulares». El Estado y los demás cuerpos intermedios, por sus fines generales y por sus medios escasos, necesitan dar beneficios de forma estandarizada. Esta respuesta pormenorizada no solo debe ser valorada «en términos materiales, sino fundamentalmente en su capacidad de crear ese espacio de don, de amor incondicional; condición para el despliegue de los individuos y el aprovechamiento real de los bienes materiales y espirituales que también entrega la familia a todos sus miembros, en especial a los menores».

El matrimonio forma parte del concepto de familia del mismo modo en que las raíces forman parte del concepto de árbol. La especial naturaleza de la familia como institución nuclear de la sociedad proviene de la especial naturaleza de la unión matrimonial: «En primer lugar, el matrimonio une a dos personas en sus dimensiones más básicas, en sus mentes y en sus cuerpos; en segundo lugar, las une con el respeto a la procreación, la vida en familia y el amplio compartir de la vida doméstica; y, en tercer lugar, las une de manera permanente y exclusiva».

La importancia de la familia –que incluye como esencia el vínculo matrimonial– no solo puede demostrarse por el beneficio que genera en sus integrantes, también puede hacerse desde una aproximación social, es decir, viendo que la familia genera beneficios no sólo a sus miembros, sino a través de ellos al resto de la sociedad». Son muchos los estudios que demuestran los bienes sociales que genera la familia. Demostrado está en Chile que la existencia de padres involucrados reduce el riesgo de consumo de drogas en los hijos. A su vez, que el apoyo de una familia unida es el factor más importante para surgir económicamente a juicio de las personas más necesitadas en Chile.

Acción Republicana, Persona, familia y Estado.

6. Una economía débil que difícilmente volverá a ser tan fuerte.

La violencia y el virus han debilitado nuestra economía de forma tan dura que ni siquiera el alto precio del cobre ha sido capaz de evitar esta debacle. Con todo, sería un grave error pensar que solo estos factores externos explican este fracaso en las cifras. La economía no es solo números, contratos o transacciones, detrás de todo esto hay ideas y valores que son capaces de sostener el tinglado económico. Estas ideas son las del libre mercado y estos valores son el emprendimiento, la ética del trabajo, la resiliencia. Por desgracia, cada día vemos cómo estas ideas y estos valores van perdiendo fuerza en nuestra sociedad.

Este no es un tema meramente fáctico, aquí también las ideas son profundamente relevantes. El desarrollo tecnológico permitirá que la pandemia tarde o temprano termine, lo clave es preguntarnos si tendremos la capacidad de levantarnos tal como lo hicimos en décadas pasadas con crisis igual de duras que esta. Todo parece indicar que Sebastián Edwards tiene razón al señalar que el futuro económico de Chile no se ve tan halagüeño como en décadas pasadas:

Me temo que esto va a terminar mal, y que Chile volverá a sus orígenes de país latinoamericano del montón. Un país con un estado de derecho endeble, con instituciones débiles, y baja productividad. Un país desigual, segregado, violento, y pobretón.

Mi pronóstico es este: en una generación –en 25 años — Chile estará entre Ecuador y Costa Rica.

Hoy día Chile tiene un ingreso per cápita que es más del doble que Ecuador, y 50% más alto que Costa Rica. De acuerdo con el PNUD, las condiciones sociales son sustancialmente mejores en Chile. Mientras nuestro país se encuentra en el lugar 42 del ranking del Índice de Desarrollo Humano, Costa Rica está en el 68, y Ecuador en el 85. Nuestra inequidad – alta, pero decreciente — es casi igual a la de Ecuador y bastante menor que en Costa Rica. La incidencia de la pobreza en Chile es el 4%; en Costa Rica es el 11%, y en Ecuador el 24%.

Ubicarse entre Ecuador y Costa Rica significa, en términos relativos, un enorme retroceso. Es volver a la mediocridad, volver a los potreros de la segunda división, volver a marcar el paso.

La selección de Ecuador y Costa Rica como puntos de referencia no es arbitraria. En 1990 los dos países y Chile eran, estadísticamente hablando, casi idénticos. El mismo ingreso per cápita, prácticamente el mismo nivel de desigualdad, y una incidencia de la pobreza similar.

Durante 25 años pareció que Chile había logrado despegar. Durante este periodo el país pasó del séptimo al primer lugar en ingreso per cápita, redujo la desigualdad en forma importante, y bajó la pobreza del 56% al 4%. Fueron los años del modelo de mercado y de economía abierta, diseñado por los Chicago boys, y perfeccionado por la Concertación.

Entrada la segunda década del siglo XXI, quedó en evidencia que el modelo se estaba marchitando: Malestar y descontento, aspiraciones frustradas, abusos, y rabia. Los acontecimientos desde entonces sugieren que el despegue fue un fenómeno pasajero. Chile ya no tiene el ingreso más alto de la región. Ese país es, ahora, Panamá.

Las causas del retroceso son complejas y múltiples. Lo que está claro es que la senda chilena a la prosperidad fue cercenada por una tijera de dos hojas: una de izquierda y otra de derecha.

El regreso a la democracia fue liderado por políticos completamente atípicos. En un prolongado y durísimo exilio, este grupo valoró la democracia, la eficiencia, y los acuerdos. Este fue un liderazgo de izquierda nunca visto en América latina: líderes modernos y cosmopolitas, que entendieron que, luego de la caída del muro de Berlín, la única opción era un capitalismo innovador y globalizado, que, poco a poco, fuera haciéndose más inclusivo e igualitario.

Estos políticos no fueron perfectos, y cometieron errores. Pero entendieron que negociar no era ni “transar” ni “traicionar”. Entendieron que una verdadera democracia requiere de una conversación permanente, de dialogar sin claudicar, de tender puentes y nunca permitir que el silencio secuestre el entendimiento. Comprendieron que en política no hay que eliminar los desacuerdos, sino que hay que evitar las intransigencias principistas.

Cuando estos líderes, forjados en el exilio, se fueron retirando, sus reemplazantes fueron dirigentes formados en la más pura tradición de la izquierda latinoamericana. Provincianos, sin experiencia internacional, con profundas lagunas históricas, cargados de nostalgia trasnochada, y, por qué no decirlo, un pelín perezosos.

La otra hoja de la tijera que termina castrando el despegue chileno es una derecha indolente, arrogante, sin mayor interés por entender las ansiedades y aspiraciones de la población, incluyendo la necesidad de una nueva constitución. Una derecha que se auto segrega en sus barrios de ultra muros, en sus centros comerciales, y en sus universidades “cota 1.000.” Una derecha que, con contadas excepciones, ni siquiera se preocupó por hacer una defensa conceptual e inteligente del “modelo”. (¿Dónde están los periodistas influyentes de derecha?)

A pesar de mi pesimismo, creo que aún hay una salida. Creo que la discusión constitucional es nuestra única tabla de salvación. Solo si tenemos una conversación abierta, iluminada, tranquila, con alturas de mira, respetuosa y realista, podremos salir del embrollo. Por eso me preocupa la improvisación con la que se está enfrentando el proceso. Ni siquiera hay presupuesto para la (muy posible) Comisión Constitucional. El problema, claro es que tendremos una sola oportunidad. Si no la aprovechamos, el retroceso será ineludible. Volaremos a nuestro punto de partida, volveremos, para usar un término ciclista, al pelotón latinoamericano.

Para aprovechar esta oportunidad única es esencial evitar, a toda costa, el rebrote de la violencia. Esa violencia glorificada por la izquierda más infantil, esa violencia castradora, esa violencia que tanto político cobarde no quiso denunciar a fines del año pasado.

A mí me duele Chile. ¿Y a usted?

Sebastián Edwards, Chile, el dolor de volver a los orígenes y la mediocridad

7. La peor ocasión para redactar una Nueva Constitución

En vistas de que estamos lejos de superar la pandemia que hoy nos asola, que nuestra economía sigue resintiendo las duras restricciones a las libertades impuestas por el Gobierno a pesar del buen precio del cobre. Considerando a su vez que tenemos la peor oposición de la historia, con una izquierda intransigente que desea conseguir todo de una vez, cabe preguntarnos si 

El peor momento para redactar una nueva Constitución

Nunca es un momento óptimo para hacer una nueva Constitución. Pero ciertamente hay momentos peores que otros. El peor de todos es cuando se está desarrollando una campaña presidencial. Independientemente de si uno quiere o no una nueva constitución, el calendario incluido en el diseño electoral trae malos augurios sobre el producto final del proceso constituyente.

Las nuevas constituciones son como tener que cambiarse la dentadura. A veces resulta inevitable hacerlo, pero nunca hay un buen momento para comenzar el proceso. En el caso de Chile, por más que la nueva dentadura tenga un origen ilegítimo y haya sido impuesta por la fuerza, hemos vivido con ella por varias décadas y hemos sido capaces de hacerle mantención e irla mejorando. La dentadura sigue teniendo un origen ilegítimo. Precisamente hoy se cumple un nuevo aniversario, el número 47, del golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende y terminó con la democracia, imperfecta, pero democracia al fin, que había tenido Chile entre 1932 y 1973. El origen de la Constitución actual es innegablemente ilegítimo. Pero igual que una persona puede seguir usando una dentadura que nos pagó un padre violador, hemos sido capaces de construir una democracia que funciona cada vez mejor. Aunque muchos repitan hasta el hastío lo contrario, Chile también ha logrado reducir la pobreza al punto más bajo en su historia y aumentar las oportunidades. Los indicadores de desigualdad eran, al menos hasta antes del estallido social y de la pandemia, los más bajos en los últimos 40 años.

Con todo, pudiera ser que algunos crean que esta dentadura no da para más y es hora de cambiarla. Aunque discrepo de esa postura, sostengo que las personas razonables que sostienen ese argumento concordarán que hay que buscar el mejor momento para realizar ese complejo procedimiento. Nadie en su sano juicio decide cambiarse la dentadura el mismo día en que va a contraer matrimonio. De igual forma, redactar una nueva constitución en medio de un proceso electoral es una muy mala idea.

Por cierto, también parece obvio que tampoco es conveniente cambiar la dentadura en medio de la pandemia. Es más, aún si la amenaza de salud ya está superada para abril de 2021, la incertidumbre económica que se viene hace inevitable considerar si es razonable incurrir en el costo económico asociado a iniciar un proceso constituyente ahora que el país está en medio de la peor crisis en esa área en 40 años. La inevitable incertidumbre que trae un proceso constituyente hará que, comprensiblemente, muchos actores económicos decidan esperar a ver cómo se viene la mano antes de tomar decisiones de inversión. Pero aún si esas cosas no importaran —o si creemos que el país no puede cambiar la hoja de ruta diseñada, en noviembre de 2019, para frenar la violencia asociada al estallido social, como bien reconociera el entonces ministro del Interior Gonzalo Blumel—, sigue existiendo el problema de que el proceso constituyente en Chile coincidirá con una campaña presidencial.

El peor momento para redactar una nueva constitución es cuando el país está en medio de un proceso electoral presidencial. De hecho, los casos de procesos constituciones en América Latina en las últimas tres décadas se dieron todos bastante antes o inmediatamente después de las elecciones presidenciales. Nunca se redactó una nueva constitución a la par de un proceso electoral. En varios casos, el proceso constituyente culminó con la realización de nuevas elecciones, para que así la nueva constitución pudiera entrar en vigencia junto a la toma de poder de nuevas autoridades.

En el caso de Chile, el proceso constituyente estipula que la convención constitucional comenzará su trabajo al mismo tiempo que se inicia la campaña para las primarias presidenciales de julio de 2021. Es más, además de lo inconveniente que resulta que las elecciones presidenciales de noviembre y diciembre se realicen mientras está sesionando la convención constituyente, el nuevo presidente y nuevo congreso asumirán su cargo en marzo de 2022, tres meses antes de que termine su trabajo la convención constituyente y 5 o 6 meses antes de que se realice el plebiscito de salida para que los chilenos decidan si aceptan o rechazan la propuesta de nueva constitución.

Es perfectamente democrático y legítimo que haya discrepancias sobre la necesidad de que el país tenga una nueva constitución. Pero parece obvio que, como sociedad, evitemos elegir el peor momento para realizar el proceso si la mayoría vota por iniciar un proceso constituyente. Porque nadie en su sano juicio decide cambiarse la dentadura el mismo día en que se va a casar, la clase política debiera construir un gran acuerdo para evitar que Chile cometa el error de tener un proceso constituyente a la par de una campaña presidencial y para evitar que las nuevas autoridades deban esperar al menos seis meses después de asumir sus cargos antes de que los chilenos puedan decidir si aceptan o rechazan el nuevo texto propuesto por la convención constituyente.

Patricio Navia

 

Formación Republicana

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Día 1

Sebastián Edwards, Chile, el dolor de volver a los orígenes y la mediocridad

Día 2

Acción Republicana, Persona, familia y Estado.h

Día 3

Día 4

Acción Republicana, La ceguera de la izquierda ante la migración ilegal

Día 5

Día 6

Acción Republicana, No es racismo es terrorismo

Día 7

 

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