NARCOTRÁFICO Y DROGAS – #119

Minutas Republicanas

Minutas Republicanas

Comparte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

La penetración del narcotráfico en nuestro país ha aumentado de forma vertiginosa en el último tiempo y cada día la presencia de bandas se hace notar de forma más nítidas en diversos barrios de las principales ciudades del país. Dentro de los múltiples factores que explican este fenómeno, no hay otro más relevante que la descomposición del Estado de Derecho en nuestro país. En esta Minuta Republicana hablaremos sobre el narcotráfico y las drogas.

 

  1. El narcotráfico en Chile

En un reciente estudio de AthenaLab se indica que en 2019 la PDI decomisó 21 toneladas entre marihuana y derivados de cocaína, Carabineros de Chile confiscó otras 18 toneladas. «Este panorama se completa con las 72 organizaciones criminales desarticuladas, los 7.712 procedimientos y 8.790 detenidos, todos por infracciones a la Ley 20.000». Hernán Felipe Errázuriz resumía este sombrío panorama de la siguiente manera:

Los narcotraficantes están felices. Son los mayores beneficiarios de la explosión antisocial desencadenada el 18 de octubre recién pasado. Han aumentado su poder y distraído a las policías, jueces y parlamentarios en la lucha contra el narcotráfico. Se han fortalecido. La destrucción y asedio de cuarteles policiales y el despliegue de carabineros para controlar la violencia de las protestas favorece el espacio para el contrabando y el comercio de drogas. Aumenta el control territorial de los narcotraficantes en las poblaciones. Su presencia es cada vez más evidente y descarada. La anuncian hasta con fuegos artificiales y homenajes armados a sus jefes y cómplices. La denuncian, cada vez con más urgencia, profesores, religiosos, dirigentes sociales y padres de familia. El saqueo les permite fortalecer su organización, distribuir gratuitamente mercaderías robadas a sus cómplices, clientes y vecinos. Así crean dependencias y empatías propias de los carteles colombianos. La detención de miles de violentistas en los desórdenes ocupa a los jueces y fiscales.

La colapsada agenda legislativa posterga reformas legales prioritarias para combatir el narcotráfico: dilata las reformas legales del sistema de inteligencia, de la orgánica de Carabineros, y la creación del Ministerio de Seguridad Pública. A los narcotraficantes conviene el debilitamiento del Gobierno, la disfuncionalidad del Congreso y las acusaciones constitucionales al Presidente y al ministro del Interior y de la Seguridad Pública. Juegan a su favor las divisiones y rechazos de la ley antisaqueos, sobre encapuchados y protección de la infraestructura crítica por las fuerzas armadas. Los narcos están más seguros ocultando sus rostros. Les interesa que no se condene la violencia, la laxitud migratoria, que se sobrepase y restrinja la acción de las policías y soldados, que a estos se les desprestigie, que pierdan autoridad y se les prive de medios operacionales y de anticipación.

Con estas falencias no es posible desenmascarar sus nexos internacionales y controlar la infiltración y las investigaciones para perseguir la corrupción del narcotráfico en los políticos, en las policías y en los poderes públicos, como es habitual en otros países. Muchos políticos no quieren asumir estos daños, que se incrementan por compartir frontera con dos países mayores productores de cocaína del mundo. Otra vez dejan de manifiesto su desconexión con la realidad, con el interés nacional y la magra reputación de sus cargos. El Gobierno debe buscar un pacto nacional, con parlamentarios oficialistas y de oposición, con organizaciones y referentes de la sociedad civil, con otros gobiernos y policías extranjeras con más experiencia. Es urgente combatir el poder de los narcotraficantes. Se requiere de acciones sistemáticas. El inmovilismo los favorece, son cada vez más poderosos y costará más combatirlos.

Hernán Felipe Errázuriz, Combatir el poder de los narcos

 

En los últimos diez años, hemos sido testigos de un gran avance del narco en nuestro país. Si en 2010, la PDI incautó 10 toneladas de cocaína y marihuana, se multiplicó por dos en 2019 llegando a las 21 toneladas ya mencionadas en un principio. Si a esto le sumamos el caso de la Municipalidad de San Ramón, donde miembros de bandas narcotraficantes no solo estaban infiltrados en las instituciones, sino que además estaban contratados a honorarios por la misma Municipalidad que dirigía el ex PS Miguel Ángel Aguilera.

Evidentemente, estamos ante un problema multidimensional que requiere soluciones en diversas materias, entre las cuales destacan:

Desafíos en urbanismo: Como bien señala Iván Poduje «si no integramos los barrios segregados con estas inversiones públicas y privadas, el control territorial del narco seguirá aumentando y sus acciones de violencia irán escalando, y se desplazarán hacia lugares cada vez más centrales y concurridos, los que comprometerá severamente la paz de nuestras ciudades y el desarrollo pleno de nuestros niños, niñas y adolescentes».

Desafíos en educación. Sobre todo, en materia de deserción escolar. Existen más de 180.000 personas de entre 5 y 21 años que no han completado su educación o se encuentran fuera del sistema. Esto es especialmente complejo en las zonas más pobres de nuestro país, donde el narcotráfico se ve como una opción de vida paralela que puede compensar el fracaso escolar. Es fundamental tener como primera prioridad en materia de educación este problema.

Estado de Derecho. Uno de los factores que permite explicar este repentino auge del narco desde 2019 es el debilitamiento de nuestro Estado de Derecho como bien señala José Antonio Kast:

La izquierda siempre culpa a otros y busca explicaciones para defender al narcotráfico. “Es culpa de la educación”, dirán algunos; “Es la desigualdad”, argumentarán otros. Los más osados culparán al neoliberalismo de todos los males y no asumirán, con coraje, la decisión de enfrentar a los narcos y de combatirlos con toda la fuerza de la ley. Por cierto, hay muchos factores que influyen y explican, pero no hay ninguno más relevante que el debilitamiento del estado de derecho y la pérdida de la capacidad del Estado para enfrentar a estos criminales organizados.

Es por ello que el próximo Gobierno debe asumir, de una vez por todas, un compromiso total en contra del narcotráfico y las drogas. Eso significa erradicar por completo la influencia de las drogas en la política, la justicia, las fuerzas armadas y de orden. Eso implica enfrentar con decisión los territorios vedados por el narcotráfico y elevar las penas y mejorar los procesos de investigación, para terminar con la operatoria de las bandas criminales.

El narcotráfico existe porque el Estado les ha permitido existir y la única forma de erradicarlos por completo es enfrentarlos con decisión y asumir con un compromiso real de combatirlos. Porque el problema es urgente y, si no actuamos, el daño será irreversible. Miles de niños chilenos hoy están capturados por el narcotráfico y no tendrán oportunidad alguna de librarse sino vamos al rescate de ellos. Muchas familias viven encerradas noche y día porque saben que, si salen a la calle, pueden ser asesinados.

Los chilenos hemos sido azotados por varias pandemias en el último tiempo. La pandemia de violencia que nos afectó el 2019 y la pandemia sanitaria, que cobró muchas vidas en 2020. Pero hay una peste mucho más imperceptible, pero dañina, que es el narcotráfico y que lleva décadas debilitando el estado de derecho y avanzando en barrios, comunas e instituciones. Llegó la hora de combatirla con todas nuestras fuerzas y de inocular a los millones de chilenos que están en riesgo grave de caer en esa trampa mortal.

José Antonio Kast, Los narcos en Chile

 

  1. Drogas y libertad

En el debate sobre las drogas, existe un elemento filosófico que no debemos despreciar, ¿se justifica la prohibición de drogas? Los republicanos estimamos que sí y lo hacemos en nombre de la libertad de las personas, tal como lo hicimos en una pasada Minuta Republicana, de la cual recogemos los siguientes pasajes:

La prohibición legal de las drogas, mediante la penalización de la fabricación, tráfico y tenencia más allá del uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo —es decir, no se penaliza al consumidor de drogas—, se fundamenta en la libertad de las personas, no así su legalización.

Las leyes deben proteger y promover la libertad personal y, por esto, deben proteger y promover las condiciones básicas que hacen posible el actuar libre y restringir o prohibir las actividades que perjudican, destruyen o socavan estas condiciones básicas del actuar libre.

La prohibición legal de las drogas se justifica en cuanto dichas sustancias alteran, ya en el consumo de bajas dosis, la memoria, el razonamiento y el pensamiento lógico, todas estas condiciones básicas del actuar libre.

Hay quienes, asumiendo los efectos negativos de las drogas, critican la prohibición en cuanto se trataría de un «vicio privado que no afectaría a terceros». Dicha afirmación es cuestionable si se observan los efectos sociales del consumo de drogas, por ejemplo: problemas familiares, deserción escolar y delincuencia. A su vez, los vicios privados —vicios individuales, mejor dicho—, cuando se multiplican y generalizan, ponen en peligro al bien común y este es el caso de las drogas.

Quienes defienden la legalización de las drogas sostienen que el prohibicionismo ha demostrado su fracaso si vemos los efectos del narcotráfico y que no se ha acabado con el consumo de las drogas. Este argumento lo han coronado con la frase: «El prohibicionismo ha perdido la guerra contra las drogas».

Este argumento presenta un error de fundamento: el éxito de la legislación penal no se mide por la cantidad de delitos que se realizan. Decir que la penalización de la fabricación, tráfico y tenencia más allá del consumo personal de las drogas ha fracasado porque sigue existiendo fabricación y tráfico de la misma es tan absurdo como decir que la prohibición del homicidio ha fracasado porque se siguen cometiendo homicidios. La cantidad de delitos no es un problema de ley, es un problema de aplicación de la ley.

Además, legalizar las drogas no garantiza el fin de los narcotraficantes. En un mundo ideal, como mucho, podría garantizar el fin de un giro o rubro del crimen organizado, pero no al crimen organizado en su totalidad.

La legalización tampoco es una herramienta que garantice el fin del comercio ilegal, el cual siempre existirá mientras exista una brecha entre el precio legal y el precio en el mercado negro y las regulaciones son un factor decisivo en el alza de los precios. Como ejemplo de esto último podemos ver el alza del comercio ilegal en la industria del tabaco en nuestro país que representa el 23,3% de la industria, según el último estudio del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio.

  1. Propuestas republicanas

Dentro de los documentos de Ideas Republicanas, hay dos que destacan especialmente para este tema, de modo que recomendamos su lectura. Se trata de la minuta: “Propuestas para un debate informado respecto a la participación de las FFAA en la seguridad interior de Chile” escrita por Fernando Thauby García y de la minuta n° 7 de Ideas Republicanas que lleva como título: “Seguridad pública, justicia y derechos humanos”.

Fernando Thauby, al referirse a la función de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, señala que el camino es la interoperatividad entre las fuerzas policiales y militares:

Como parece claro que una aproximación restrictiva al rol de las FF.AA. no da respuesta a la compleja situación actual caracterizada por la existencia de una variedad de amenazas y conflictos de nuevo tipo y por otro lado una aproximación que unifique las fuerzas terminaría manteniendo la diferenciación que se intenta eliminar, se propone buscar la solución en otro lugar: en el ámbito de la “capacidad militar equivalente” de los contendores, es decir en el ámbito de la interacción entre las amenazas y los diversos tipos de fuerzas de que dispone el estado para materializar su función de seguridad en su triple condición: como miembro de la comunidad internacional; como actor nacional soberano responsable de su propia seguridad, y como ordenador de su vida interna, proceso en el cual debe respetar los valores y derechos de las personas que lo componen.

Ya que las amenazas a la seguridad del estado son flexibles y adaptables a las conveniencias de la situación, el estado necesita equivalerlas y una forma de hacerlo es dándose la libertad para emplear los medios de combate y coercitivos a su disposición en la forma más eficaz, es decir de acuerdo a sus capacidades y a la necesidad de prevenir y controlar amenazas en cualquier escenario o combinación de ellos.

En breve, se propone que cuando la amenaza tiene capacidades para atemorizar y doblegar a las personas pero no para desafiar a las policías, tendríamos un problema policial, esto sin importar la naturaleza de su origen ni espacio territorial en que se materialice, es decir, tanto si ella proviene de grupos motivados por objetivos políticos, criminales o incluso por intereses de miembros de organismos de otros estados, descontrolados o corruptos, así sea de alcance nacional o con conexiones y ramificaciones internacionales. Serían amenazas a combatir con doctrinas y procedimientos policiales.

Cuando cualquiera de estos grupos buscan y alcanzan niveles de capacidad militar destinados a imponerse a las fuerzas policiales del estado o a desafiar sistemáticamente a sus fuerzas militares, es decir cuentan con capacidades más allá de las necesarias para cometer sus crímenes contra personas civiles comunes, la amenaza sería de tipo militar, sin importar tampoco la naturaleza de su origen o lugar territorial en que ellas se expresen. Serían amenazas a ser combatidas con medios y doctrinas militares.

El uso efectivo de la fuerza para la conservación y restablecimiento de la paz requiere la modernización del sistema de seguridad nacional; un marco jurídico que regule y legitime la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interna de los estados en las actuales condiciones, y una mejoría sustancial de la interoperatividad entre fuerzas militares y policiales así como entre éstas y otras agencias estatales – aduanas, inmigración, policías, impuestos internos y otros – tanto nacionales como de otros estados.

Como se señaló, la clave de esta forma de emplear las fuerzas reside en que dado que la amenaza es adaptable y flexible en sus métodos y medios, las fuerzas de seguridad deberían tener la capacidad para seguirlas en sus mutaciones.

Fernando Thauby García, Propuestas para un debate informado respecto a la participación de las FFAA en la seguridad interior de Chile

 

Entre los tantos puntos que aborda la minuta n° 7 de Ideas Republicanas dedicada a seguridad pública, justicia y derechos humanos, uno que resulta ser especialmente interesante para estos efectos es una reforma urgente a nuestro sistema de inteligencia.

Actualmente, la Inteligencia del Estado está a cargo de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Empero, al ser creada más como una reacción que como una necesidad, carece de patrimonio, personal calificado, convenios con organismos homónimos internacionales y funciones operativas, teniendo por única obligación la recopilación de información de fuentes abiertas y su entrega los jefes de servicios o a quien lo requiera. Por supuesto, una sociedad moderna requiere medios modernos de inteligencia, puesto el terrorismo y el narcotráfico están, por recursos y necesidad, en la delantera de cualquier esfuerzo de desarrollo tecnológico en la materia.

• Para efectos de hacer un uso eficiente, se propone la creación de una nueva instancia de Inteligencia, bajo la dependencia directa de la Presidencia de la República, que incorpore a todos los órganos con capacidades e información de inteligencia, como las policías, Fuerzas Armadas, gendarmería, entre otros. . Entre otras funciones, esta nueva agencia deberá sistematizar la información proveniente de las distintas instituciones y crear una base de datos común.

• Mejorar los procesos de recopilación de datos administrativos y estandarizar la clasificación de los tipos de delitos, para facilitar la integración y calidad de distintas bases de datos. A partir de éstos, se deben crear modelos predictivos que permitan focalizar los recursos policiales de manera eficiente y eficaz.

• Adecuación y masificación de herramientas de análisis biométrico en aeropuertos y puntos fronterizos a partir de datos suministrados por el Conjunto Normalizado de Loci (ISSOL), el sistema operativo “I-link” y la plataforma de datos en línea I-24/7, todos pertenecientes a la INTERPOL.

Ideas Republicanas, Seguridad pública, justicia y derechos humanos